Yo elijo Sanidad 100×100 Pública
Sanidad 100×100 Pública
Derivaciones, privatización encubierta de la Sanidad
No es por tu salud, es por su negocio
Marciano Sanchez Bayle. La Sanidad no se vende, se defiende
Marciano Sánchez Bayle, médico fundador de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Una vida entera de compromiso y coherencia, una persona ejemplar, un referente ético, una de las figuras más importantes entre los defensores de la Sanidad Pública, uno de los líderes de la “Marea Blanca” madrileña que ha conseguido, de momento, paralizar el proceso privatizador iniciado por el Partido Popular.
“Para RECUPERARNOS DEL PROCESO ACTUAL DE RECORTES, DETERIORO Y PRIVATIZACIONES, se necesitan tres condiciones: una potente voluntad política, la existencia de un amplio sector profesional que apoya la Sanidad Pública y un amplio soporte social, no solo militante, que también, sino sobre todo una opinión pública que defiende la Sanidad Pública”
“Tenemos todavía una BUENA SANIDAD PÚBLICA. Partíamos de una posición muy buena al compararnos con el resto de países, por lo que aunque se ha producido un retroceso muy sustancial, todavía las cosas funcionan de una manera bastante razonable, sobre todo por el esfuerzo de los trabajadores del sistema sanitario público, aunque es obvio que si se mantiene esta deriva de recortes y privatizaciones el sistema entrara en shock”
“Los recortes responden sobre todo a CRITERIOS IDEOLÓGICOS Y A INTERESES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS. En nuestro país el gasto sanitario era bajo comparativamente, y la eficiencia del sistema sanitario muy alta (el último informe de la Comisión Europea sobre eficiencia de los sistemas sanitarios en junio de 2015 sitúa a España en el primer puesto de la UE); sin embargo con la excusa de su insostenibilidad se impusieron toda una serie de recortes injustificados, más aun si se tiene en cuenta que paralelamente se impulsaban privatizaciones que suponían sobrecostes de 7-9 veces sobre su alternativa en el sector público”
“El SISTEMA SANITARIO TIENE PROBLEMAS que deben abordarse sin recortes ni exclusión sanitaria: por ejemplo, tiene una baja financiación y mal repartida; la Atención Primaria, que debería ser la clave de su funcionamiento, ha sido marginada y desfinanciada, hay que racionalizar el gasto farmacéutico y la utilización tecnológica (en ambos temas tenemos una sobreutilización), fomentar la coordinación e integración de niveles asistenciales, garantizar la utilización intensiva de los recursos de los centros sanitarios públicos, etc”
“El REAL DECRETO 16/2012 ha sido la mayor agresión al sistema sanitario de nuestro país.
1. Se transforma el derecho a la atención sanitaria por ser ciudadano en un derecho por aseguramiento, lo que ha producido exclusiones de colectivos de la cobertura pública (los inmigrantes no regularizados, los que tienen una estancia en el extranjero de mas de 90 días, y las personas con rentas superiores a 100.000 €) con graves efectos sobre la salud de los grupos con menos recursos.
2. Se fracciona la cartera de servicios en tres partes, una básica de acceso gratuito y dos suplementaria y complementaria, sujetas a copagos.
3. Se establecen nuevos copagos sobre farmacia (pensionistas y farmacia hospitalaria), dietas, ortesis, prótesis y transporte sanitario, que aunque solo se han aplicado en lo que respecta a los medicamentos dispensados por receta han supuesto grandes problemas para las personas más pobres y más enfermas (el 14,76% de los que reciben una prescripción no la retiran de la farmacia por motivos económicos).
4. Excluyeron 417 medicamentos de la financiación pública aumentando el efecto anterior.
5. Es decir: se aumenta la inequidad en el acceso a la atención sanitaria y se establecen barreras económicas que dificultan que las personas reciban prestaciones sanitarias que necesitan”
“La privatización directa de los centros sanitarios ha encontrado una gran contestación social y profesional, por lo que ha sido cambiada por una estrategia de PRIVATIZACIÓN SILENCIOSA basada en tres ejes: las derivaciones sistemáticas hacia los centros privados de pruebas diagnósticas, consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas, complementada con la infrautilización de los recursos de los centros públicos, y con el intento de imponer otros sistemas de privatización y fragmentación de la red sanitaria pública (unidades de gestión clínica)”
“Los elementos principales para que se produjera esta potente movilización (MAREA BLANCA) son:
1. La unidad es fundamental, pero respetando la diversidad porque hay que conjugar los intereses y las diferencias de muchas entidades y organizaciones.
2. La participación de profesionales y población es un binomio imprescindible para el éxito
3. Las movilizaciones tienen que ser inclusivas permitiendo la participación de todos en la medida de su compromiso.
4. El exceso de protagonismo es malo para la salud de las movilizaciones, hay que evitar los hiperliderazgos excluyentes.
5. Deben abarcarse todos los frentes de lucha: legales, mediáticos, manifestaciones, encierros, huelgas, etc.
6. La persistencia y la paciencia son las palancas principales para el éxito, una de las estrategias más probables de los privatizadores será el intentar el cansancio y la desilusión para desactivar las movilizaciones.
7. La organización es clave para el mantenimiento de las luchas y para poder continuarlas en los momentos de reflujo que, como sucede con todas las mareas, son inevitables”
“Las amenazas más importantes para la Sanidad Pública contenidas en el Tratado de Libre Comercio (TTIP) son:
1. Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes.
2. Las empresas podrán garantizar y proteger sus inversiones con un arbitraje Inversionista – Estado, que otorga a las corporaciones el derecho de demandar a un gobierno que tome decisiones que dañen sus ganancias, al margen de los tribunales nacionales de justicia.
3. La concesión de indemnizaciones en primera instancia para el arbitraje de las inversiones de las empresas en los sistemas sanitarios públicos supondrá una seria amenaza para la capacidad de los gobiernos de intervenir en la defensa del interés público con (de) políticas que protejan intereses sociales como: Fijar precios para los productos farmacéuticos y para la promoción de medicamentos genéricos que garanticen el acceso a los mismos a todos los sectores sociales. Control y evaluación de tecnologías que se vayan a incorporar al sistema sanitario público atendiendo a criterios de racionalidad y sostenibilidad. Medidas de protección de la salud pública como el control del tabaco o de la seguridad y calidad de los alimentos.”
Nadie Desechado. Médicos del Mundo contra la Reforma Sanitaria
Más de 873.000 tarjetas sanitarias han sido retiradas. Cada día, la Reforma ha dejado 2.392 personas desechadas.
Además, el COPAGO de medicamentos es una barrera en ocasiones insuperable para las personas con rentas bajas y muchas tienen que suspender sus tratamientos o seguirlos parcialmente.
LA EXCUSA ES LA CRISIS. Pero, si la crisis se prolonga ¿quiénes serán los siguientes? ¿quiénes cuesten más al sistema? ¿quiénes vayan más al médico o necesiten tratamientos de larga duración?
El Real Decreto 16/2012, que ha reformado el modelo sanitario español, es:
– injusto desde un punto de vista de derechos humanos;
– desde una perspectiva económica es ineficaz;
– desde el punto de vista de la salud pública es peligroso;
– y desde un punto de vista ético tampoco es justificable porque conculca el derecho deontológico de las profesiones sanitarias.
Significa una MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL MODELO SANITARIO ESPAÑOL y una QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD Y DE EQUIDAD en el acceso que define el modelo sanitario español desde 1986:
– Cambia un derecho reconocido a toda la ciudadanía y personas residentes en el Estado español por una CONDICIÓN DE ASEGURADO O BENEFICIARIO
– Crea tres niveles de cartera de servicios e introducir la obligación de aportación económica para acceder a aquellos que no son considerados servicios básicos, así como a la prestación farmacéutica.
De este modo, la reforma sanitaria en vigor abre la vía a la convivencia de tres sistemas de salud:
– un sistema de seguro privado para las personas de mayor poder adquisitivo;
– una sanidad pública de mínimos vinculada a la afiliación a la Seguridad Social y
– un sistema precario de caridad o beneficencia para las de escasos recursos.
Incrementa la desprotección y la EXCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN MÁS VULNERABLES:
– personas con enfermedades crónicas, enfermedades mentales y enfermedades especialmente dolorosas;
– pensionistas,
– inmigrantes en situación irregular (situación sobrevenida por la pérdida de empleo o situación derivada de barreras administrativas o legales).
Quién hace negocio con la sanidad pública
El acelerado desmantelamiento del Estado del bienestar que se está ejecutando mediante la política económica de austeridad a ultranza tiene su capítulo más despiadado en la privatización de los servicios de Sanidad pública, puesto que ESTÁ AFECTANDO A LOS SECTORES MÁS INDEFENSOS DE LA SOCIEDAD: los enfermos, especialmente los crónicos; los jubilados y personas de la tercera edad en general; los niños que viven por debajo del umbral de la pobreza; las madres solteras y/o adolescentes; las familias con todos sus miembros en paro; los inmigrantes…
Para todos ellos, los RECORTES DEL GASTO DE SANIDAD, que están preparando la privatización de esa prestación social, les supone una degradación considerable de su ya dramática situación en medio de esta gravísima crisis económica. Bajo la justificación de “garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”, las autoridades autonómicas de Madrid, Catalunya, Valencia, Castilla-La Mancha y otras comunidades han aplicado DRÁSTICAS RESTRICCIONES DEL DERECHO DE ATENCIÓN UNIVERSAL Y GRATUITA A TODOS LOS CIUDADANOS, excluyendo a los inmigrantes irregulares, estableciendo copagos farmacéuticos (ahora recurridos ante el Tribunal Constitucional, sin que se hayan devuelto las cantidades ya abonadas por los pacientes), adjudicando importantes servicios (como los de análisis clínicos) a EMPRESAS QUE ACTÚAN EN FUNCIÓN DE SU BENEFICIO ECONÓMICO , cerrando centros de urgencia y entregando la gestión de centros médicos a las corporaciones sanitarias privadas.
Todo ello se pretende justificar con la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública en cuanto a competitividad, rentabilidad y eficiencia. Pero en ningún caso se ha demostrado que la sanidad privada resulte ser más barata que la pública; todo lo contrario, tanto en España como en otros países (EEUU, Reino Unido , etc.) SE HA COMPROBADO QUE EL SERVICIO SANITARIO PRIVADO SÓLO ES RENTABLE CUANDO SE DERIVAN LOS PACIENTES GRAVES Y CRÓNICOS hacia una asistencia médica pública que asume los grandes gastos consiguientes. Y cuando las empresas privadas fracasan y se arruinan, entonces son también rescatadas a costa del erario público.
Lo único que es incontestable es que LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD ACABA GENERANDO GRANDES GANANCIAS A LAS EMPRESAS QUE RECIBEN LAS CONCESIONES (el caso estadounidense es paradigmático de cómo esa imposición ideológica ultraliberal le sale carísima al Estado), al tiempo que deja desatendidas a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por tanto, el empeño de los políticos neoliberales en entregar la atención sanitaria a intereses privados sólo puede corresponder a la intención de que UNOS POCOS SE ENRIQUEZCAN A COSTA DE LA SALUD DE TODOS .
Cómo se consigue que la Sanidad sea un negocio
Ángeles Maestro, antigua militante del PCE y de IU, con responsabilidades como concejal o diputada, actualmente médico del Servicio Madrileño de Salud, participa en el debate LA GUERRA DE LA SANIDAD del CANAL 33, canal independiente de televisión de Madrid.
El modelo Alzira (similar al que está siendo aplicado en los hospitales madrileños) sigue estos pasos: un ayuntamiento cede suelo gratuito a la comunidad autónoma, sin ninguna condición, contentos de tener un hospital nuevo en su municipio. Se abre una licitación y se atribuye a una empresa la construcción del hospital. La comunidad autónoma paga una cantidad fija por persona protegida y una cantidad por el uso de un edificio que es propiedad de la empresa que lo construye.
Así no genera deuda, porque la empresa lo construye. La licitación se da por 30 años. Los hechos demuestran que en 5 años, la empresa ha cubierto la inversión realizada. Los otros 25 años son beneficios.
¿Y cómo se consigue que la Sanidad sea un negocio? Porque está demostrado que siendo Universal y de Calidad es imposible. Dos caminos principales:
1. AHORRAR COSTES
El negocio fundamental de la privatización reside en que una parte importante del salario del médico son incentivos directamente al ahorro, sin ningún control de calidad (complementos del sueldo que recibirán si cumplen los “objetivos de ahorro”).
Además, la empresa constructora subcontrata hasta con 30-35 empresas diferentes la limpieza, los celadores, las ambulancias, el servicio de esterilización, el mantenimiento de electricidad/calefacción, la telefonía, la informática, la cocina… en un caos interno que al final aumenta el gasto.
2. SELECCIONAR RIESGOS/PACIENTES
Se decide la prioridad (el interés) de atención al enfermo no en función de su gravedad (como en un hospital público) sino en función de los beneficios que pueda reportar al hospital privado (patologías crónicas como un accidente cerebrovascular o intervenciones quirúrgicas muy complejas y no rentables serán remitidas al hospital público de turno). Sin embargo, los hospitales privados reciben una cantidad “per cápita” por cada habitante, independientemente de si la persona hace uso o no del hospital en cuestión, e independientemente de la edad y de sus problemas de salud.
Una tesis doctoral en Cataluña demuestra que las intervenciones de dudosa indicación (extracciones de amígdalas, vesícula biliar, prótesis) son 4 veces más realizadas en hospitales con ánimo de lucro que los de gestión pública. Y la anatomía patológica a menudo era normal, piezas sanas.
Los partidos mayoritarios están ejecutando políticas al servicio de las multinacionales, al servicio del capital. Los votos dirigidos a ellos son cheques en blanco a presiones mucho más fuertes, que son las únicas que existen, de las grandes empresas farmacéuticas, que consiguen que se voten o que no se deroguen ciertas Leyes (como la 15/1997, Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que da pie a que la prestación y gestión de los servicios sanitarios pueda llevarse a cabo por entidades privadas, lo que ha generado la progresiva privatización de la sanidad).
Ejemplos del poder de la industria farmacéutica en nuestro país. El aumento del tiempo por paciente (historia clínica más detallada, exploración física, actividades de promoción y educación para la salud) en los centros de salud fue propuesto en la Ley General de Sanidad del PSOE de 1986. Una vez detectado que disminuía un 50% la factura del gasto sanitario, la industria farmacéutica ha bloqueado sistemáticamente la reforma de la Atención Primaria.
Otro ejemplo. El registro de medicamentos en España es de 9000, frente a los 900 en los países nórdicos. Cada nuevo registro es una pequeña modificación del anterior para aumentar el precio del medicamento sin que el principio activo haya cambiado.
El coste de la Sanidad española es de 70.000 millones de euros, disponible para las mordidas de la empresa privada, que unas veces se saben y otras no.
La privatización de la sanidad se extiende en las autonomías del PP
Reportaje de Jaime Prats en ELPAIS hoy domingo, sobre el libre avance de la privatización de la sanidad en las autonomías gobernadas por el PP. A Cataluña (tradicional coexistencia público-privada), Madrid y Valencia (comunidad que inició este camino con el hospital de Alzira en 1999), se unen ahora Castilla La Mancha, La Rioja, Extremadura, Galicia, Baleares y Castilla-León. Se trata de un abanico de fórmulas privatizadoras que esconden una “cesión al sector empresarial de porciones de la red pública sanitaria”.
Para confundirnos y alimentar nuestra resignación ante los “inevitables recortes”, utilizan siempre la misma filosofía neoliberal: la situación de asfixia financiera de las Administraciones públicas y la mayor eficiencia del sector privado. Pero ya empezamos a comprender que la crisis no es más que una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria pública y aprovecharse de las oportunidades de negocio que ofrece.
MI SÍNTESIS:
DOS MODELOS
La gestión privada de la sanidad pública es muy heterogénea, aunque se puede dividir en dos grandes grupos en función de si el sector privado asume o no la atención sanitaria.
– Concesión administrativa con gestión sanitaria integral. Es el llamado modelo Alzira e implica la entrega a la empresa del control sobre la parcela sanitaria (médicos y enfermeros), y la no sanitaria (limpieza, mantenimiento, restauración…). Puede limitarse a hospitales (como en Madrid y Castilla-La Mancha) o a todo un departamento de salud (Valencia).
– Concesión sin gestión clínica. En este caso, la empresa, además de construir el hospital, asume el equipamiento, el mantenimiento y servicios auxiliares pero nunca la atención sanitaria. Es lo que sucederá en los centros de Extremadura o Vigo.
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
– Castilla-La Mancha. La autonomía que preside Dolores de Cospedal tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de los hospitales públicos de Almansa y Villarobledo, ambos en Albacete; y Tomelloso y Manzanares, en Ciudad Real.
La modalidad elegida para esta concesión administrativa es el denominado modelo Alzira. Bajo esta fórmula, la Administración traslada a una empresa la responsabilidad de atender las necesidades asistenciales de los habitantes de un departamento de salud (normalmente de unos 200.000 habitantes), a cambio de pagar una cuota por el cuidado de cada uno de estos habitantes (639 euros por cabeza en la Comunidad Valenciana).
– La Rioja. Esta autonomía acaba de sacar a concurso la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no funcionario. Es una modalidad muy particular: “En lugar de una persona, quien ocupará la dirección del centro será una empresa de forma que aporte su conocimiento a la gerencia del hospital”, explica el consejero de Sanidad. Dicha empresa tomará el control de la parcela tanto sanitaria como no sanitaria.
– Extremadura. El Gobierno sólo cederá al sector privado el área no asistencial, mientras que se reservará el control de las batas blancas, es decir, de todo lo que hace referencia al personal y los servicios sanitarios. Es el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). A cambio del canon anual que se entregará a las empresas adjudicatarias, además de los servicios auxiliares (catering, mantenimiento, limpieza), se harán cargo de la construcción de los inmuebles.
Los centros elegidos para introducir la gestión privada en la sanidad pública extremeña son el hospital de Cáceres, cuya construcción se encuentra paralizada, y el de Don Benito-Villanueva, que debe levantarse desde los cimientos.
– Madrid. La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado y su sucesor, Ignacio González, ha doblado la apuesta. Hasta el momento, existían tres hospitales (Valdemoro, Torrejón y Móstoles) y uno más en proyecto (Collado Villalba) cuya gestión estaba totalmente privatizada. Junto a ellos, coexistían otros siete centros semiprivados, en los que la administración solo mantenía las riendas de la asistencia sanitaria. González ha decidido entregar seis de estos siete hospitales —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo— a la gestión privada integral (servicios sanitarios y no sanitarios). Además, se externalizará el 10% de los ambulatorios de la región (factor importante, porque en los Centros de Primaria está el control de acceso a los pacientes que llegan al hospital, y por ello, la llave del control del gasto).
– Comunidad Valenciana. Bajo el diseño de gestión total de servicios sanitarios y no sanitarios de toda el área de salud (centros de salud y hospitales), la fórmula se extendió desde Alzira (1999) hasta los hospitales hermanos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, el último en abrir las puertas, en 2010. En estos momentos, los servicios públicos de salud del 20% de la población valenciana, en torno a un millón de habitantes, dependen de empresas privadas.
– Galicia. El Gobierno gallego ha optado por el modelo PFI para construir el macrohospital de 1.465 camas en Vigo. Consiste en encargar al sector privado la construcción del centro, el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones, así como ceder los servicios no sanitarios a cambio de una cuota anual.
– Baleares y Castilla y León. Ambas autonomías han recurrido a la fórmula PFI con matices. El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a la concesionaria la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y los servicios no médicos. El de Burgos, además, la alta tecnología.
La salud es un derecho… y un negocio
La escritora Lucía Etxebarría, hace unos meses, en el magazine del diario La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.com/magazine/20120510/54291941439/lucia-etxebarria-no-nos-enganemos.html
Sábado por la noche. Me pillé la mano con la puerta de la cocina (soy muy propensa a los accidentes domésticos: soy sagitario y no tengo “conciencia de pericuerpo”). Me presenté sola en el hospital de Sant Pau porque mi compañero se quedaba a cuidar de mi hija. Me pasaron a la sala de espera. Allí había una niña, venga a llorar. Le pregunté su edad. Tenía 18 años, estudiaba en Barcelona, tenía una otitis. Llevaba dos horas allí. Su familia estaba en Girona. Yo sé que las otitis duelen muchísimo, he pasado alguna. Pero creo que también lloraba porque estaba asustada y sola. Me presenté antela enfermera. Le dije que por favor le dieran un calmante a esa chica. Me dijo que como enfermera ella no podía administrar nada sin autorización del médico. “¿Y dónde está el médico?”. “Ocupado, y aún puede tardar horas”. Y luego me miró: “Tú eres escritora, ¿no? Escríbelo. Cuenta cómo está la situación”. Y eso he decidido hacer.
Vamos a aclarar las cosas. No están haciendo recortes en sanidad porque la cosa esté así de mal, sino porque la sanidad es un gran negocio, y si se privatiza, al estilo de Estados Unidos, muchos se van a hacer multimillonarios.
Se podría recortar de muchas otras partidas.
Los toros se subvencionan: las fiestas taurinas nos cuestan 564 millones al año en subvenciones.
Los clubes de futbol también, de forma indirecta. Deben 750 millones a Hacienda y 11 millones ala Seguridad Social. De hecho, la UE ya ha propuesto investigar al fútbol español por presuntas ayudas del Estado.
Se podría eliminar los sueldos y pensiones vitalicias y prohibir por ley que los expresidentes cobren de la empresa privada a la vez que disfrutan de su pensión vitalicia: González y Aznar siguen sin renunciar al sueldo de 80.000 € mientras reciben altas retribuciones de Gas Natural y Endesa, por ejemplo.
Se podría prohibir que un político cobre del Estado y de la empresa privada: Acebes cobra del Congreso y de Iberdrola, por ejemplo.
Se podría recortar sueldos de cargos políticos. Si un ciudadano tiene que cotizar 35 años para percibir una jubilación, no veo por qué los diputados lo hacen a los siete, ni por qué no tributan un tercio de su sueldo del IRPF, como hacemos los demás.
Se podría endurecer las penas contra el fraude fiscal. El 72% de este fraude proviene de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y dela banca. Ahorraríamos90.000 millones de euros.
Se podría eliminar el concordato con el Vaticano. El ahorro final estaría entre los 6.000 y los 10.000 millones de euros. Jesús predicaba la pobreza, y la Iglesia se debe mantener mediante las aportaciones de los fieles, como ya dijo el propio san Pablo.
Esa niña que lloraba en urgencias podría ser su hija. Peor aún, usted podría padecer leucemia. Y si la padeciera, un seguro privado no le ayudaría, porque los mejores especialistas están en la Seguridad Social. Lo sé porque se trata de una enfermedad que he vivido de cerca.
Usted que me lee: tome conciencia, por favor. El fútbol es un negocio. Los toros, una tortura. Los gastos del Congreso, un lujo innecesario. Las pensiones vitalicias, una enorme falta de ética. La fe es una opción. Pero la salud es un derecho.
