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Acceso a medicamentos amenazado por copagos, patentes, precios abusivos y… TTIP. @marta_sibina y @javierpadillab

En nuestro país se consumen muchos medicamentos, en parte como consecuencia de un sistema sanitario muy dirigido hacia la prescripción, con poco tiempo de consulta y con unas instituciones públicas que se han sentido cómodas dejando que la industria farmacéutica les marcara la agenda política.

El sistema actual de innovación en fármacos está basado en patentes, esto es, en licencias de explotación en régimen de monopolio para un medicamento durante un periodo de tiempo determinado (a menudo 10 años). De esta forma, casi ningún laboratorio estará interesado en buscar remedios para enfermedades olvidadas (aquellas que suponen una gran carga de enfermedad en países de rentas bajas: tuberculosis, malaria, etc). Además, este sistema de monopolio permite al fabricante establecer precios abusivos que no están relacionados con el coste de fabricación y que difícilmente podemos saber si están vinculados al coste de su investigación.

Desde hace tiempo plataformas de movimientos sociales tales como  No Es Sano están intentando que el acceso a los medicamentos y el actual modelo de innovación se posicione en el centro de la agenda política en nuestro país.

Encima, la posible firma del TTIP podría tener importantes efectos sobre el acceso a los medicamentos y sobre el control de precios por parte de los estados miembros de la Unión Europea, reduciendo aún más el poder de los Estados en los procesos de negociación de precios.

Son necesarias POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS QUE PONGAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL CENTRO DE SUS OBJETIVOS

COMPLETO de Marta Sibina y Javier Padilla en ELDIARIO.ES

Cómo se consigue que la Sanidad sea un negocio

Ángeles Maestro, antigua militante del PCE y de IU, con responsabilidades como concejal o diputada, actualmente médico del Servicio Madrileño de Salud, participa en el debate LA GUERRA DE LA SANIDAD del CANAL 33, canal independiente de televisión de Madrid.

 

El modelo Alzira (similar al que está siendo aplicado en los hospitales madrileños) sigue estos pasos: un ayuntamiento cede suelo gratuito a la comunidad autónoma, sin ninguna condición, contentos de tener un hospital nuevo en su municipio. Se abre una licitación y se atribuye a una empresa la construcción del hospital. La comunidad autónoma paga una cantidad fija por persona protegida y una cantidad por el uso de un edificio que es propiedad de la empresa que lo construye.

Así no genera deuda, porque la empresa lo construye. La licitación se da por 30 años. Los hechos demuestran que en 5 años, la empresa ha cubierto la inversión realizada. Los otros 25 años son beneficios.

¿Y cómo se consigue que la Sanidad sea un negocio? Porque está demostrado que siendo Universal y de Calidad es imposible. Dos caminos principales:

1. AHORRAR COSTES

El negocio fundamental de la privatización reside en que una parte importante del salario del médico son incentivos directamente al ahorro, sin ningún control de calidad (complementos del sueldo que recibirán si cumplen los “objetivos de ahorro”).

Además, la empresa constructora subcontrata hasta con 30-35 empresas diferentes la limpieza, los celadores, las ambulancias, el servicio de esterilización, el mantenimiento de electricidad/calefacción, la telefonía, la informática, la cocina… en un caos interno que al final aumenta el gasto.

2. SELECCIONAR RIESGOS/PACIENTES

Se decide la prioridad (el interés) de atención al enfermo no en función de su gravedad (como en un hospital público) sino en función de los beneficios que pueda reportar al hospital privado (patologías crónicas como un accidente cerebrovascular o intervenciones quirúrgicas muy complejas y no rentables serán remitidas al hospital público de turno). Sin embargo, los hospitales privados reciben una cantidad “per cápita” por cada habitante, independientemente de si la persona hace uso o no del hospital en cuestión, e independientemente de la edad y de sus problemas de salud.

Una tesis doctoral en Cataluña demuestra que las intervenciones de dudosa indicación (extracciones de amígdalas, vesícula biliar, prótesis) son 4 veces más realizadas en hospitales con ánimo de lucro que los de gestión pública. Y la anatomía patológica a menudo era normal, piezas sanas.

Los partidos mayoritarios están ejecutando políticas al servicio de las multinacionales, al servicio del capital. Los votos dirigidos a ellos son cheques en blanco a presiones mucho más fuertes, que son las únicas que existen, de las grandes empresas farmacéuticas, que consiguen que se voten o que no se deroguen ciertas Leyes (como la 15/1997, Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que da pie a que la prestación y gestión de los servicios sanitarios pueda llevarse a cabo por entidades privadas, lo que ha generado la progresiva privatización de la sanidad).

Ejemplos del poder de la industria farmacéutica en nuestro país. El aumento del tiempo por paciente (historia clínica más detallada, exploración física, actividades de promoción y educación para la salud) en los centros de salud fue propuesto en la Ley General de Sanidad del PSOE de 1986. Una vez detectado que disminuía un 50% la factura del gasto sanitario, la industria farmacéutica ha bloqueado sistemáticamente la reforma de la Atención Primaria.

Otro ejemplo. El registro de medicamentos en España es de 9000, frente a los 900 en los países nórdicos. Cada nuevo registro es una pequeña modificación del anterior para aumentar el precio del medicamento sin que el principio activo haya cambiado.

El coste de la Sanidad española es de 70.000 millones de euros, disponible para las mordidas de la empresa privada, que unas veces se saben y otras no.

La privatización de la sanidad se extiende en las autonomías del PP

Reportaje de Jaime Prats en ELPAIS hoy domingo, sobre el libre avance de la privatización de la sanidad en las autonomías gobernadas por el PP. A Cataluña (tradicional coexistencia público-privada), Madrid y Valencia (comunidad que inició este camino con el hospital de Alzira en 1999), se unen ahora Castilla La Mancha, La Rioja, Extremadura, Galicia, Baleares y Castilla-León. Se trata de un abanico de fórmulas privatizadoras que esconden una “cesión al sector empresarial de porciones de la red pública sanitaria”.

Para confundirnos y alimentar nuestra resignación ante los “inevitables recortes”, utilizan siempre la misma filosofía neoliberal: la situación de asfixia financiera de las Administraciones públicas y la mayor eficiencia del sector privado. Pero ya empezamos a comprender que la crisis no es más que una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria pública y aprovecharse de las oportunidades de negocio que ofrece.

MI SÍNTESIS:

DOS MODELOS

La gestión privada de la sanidad pública es muy heterogénea, aunque se puede dividir en dos grandes grupos en función de si el sector privado asume o no la atención sanitaria.

– Concesión administrativa con gestión sanitaria integral. Es el llamado modelo Alzira e implica la entrega a la empresa del control sobre la parcela sanitaria (médicos y enfermeros), y la no sanitaria (limpieza, mantenimiento, restauración…). Puede limitarse a hospitales (como en Madrid y Castilla-La Mancha) o a todo un departamento de salud (Valencia).

– Concesión sin gestión clínica. En este caso, la empresa, además de construir el hospital, asume el equipamiento, el mantenimiento y servicios auxiliares pero nunca la atención sanitaria. Es lo que sucederá en los centros de Extremadura o Vigo.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

– Castilla-La Mancha. La autonomía que preside Dolores de Cospedal tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de los hospitales públicos de Almansa y Villarobledo, ambos en Albacete; y Tomelloso y Manzanares, en Ciudad Real.

La modalidad elegida para esta concesión administrativa es el denominado modelo Alzira. Bajo esta fórmula, la Administración traslada a una empresa la responsabilidad de atender las necesidades asistenciales de los habitantes de un departamento de salud (normalmente de unos 200.000 habitantes), a cambio de pagar una cuota por el cuidado de cada uno de estos habitantes (639 euros por cabeza en la Comunidad Valenciana).

– La Rioja. Esta autonomía acaba de sacar a concurso la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no funcionario. Es una modalidad muy particular: “En lugar de una persona, quien ocupará la dirección del centro será una empresa de forma que aporte su conocimiento a la gerencia del hospital”, explica el consejero de Sanidad. Dicha empresa tomará el control de la parcela tanto sanitaria como no sanitaria.

– Extremadura. El Gobierno sólo cederá al sector privado el área no asistencial, mientras que se reservará el control de las batas blancas, es decir, de todo lo que hace referencia al personal y los servicios sanitarios. Es el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). A cambio del canon anual que se entregará a las empresas adjudicatarias, además de los servicios auxiliares (catering, mantenimiento, limpieza), se harán cargo de la construcción de los inmuebles.

Los centros elegidos para introducir la gestión privada en la sanidad pública extremeña son el hospital de Cáceres, cuya construcción se encuentra paralizada, y el de Don Benito-Villanueva, que debe levantarse desde los cimientos.

– Madrid. La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado y su sucesor, Ignacio González, ha doblado la apuesta. Hasta el momento, existían tres hospitales (Valdemoro, Torrejón y Móstoles) y uno más en proyecto (Collado Villalba) cuya gestión estaba totalmente privatizada. Junto a ellos, coexistían otros siete centros semiprivados, en los que la administración solo mantenía las riendas de la asistencia sanitaria. González ha decidido entregar seis de estos siete hospitales —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo— a la gestión privada integral (servicios sanitarios y no sanitarios). Además, se externalizará el 10% de los ambulatorios de la región (factor importante, porque en los Centros de Primaria está el control de acceso a los pacientes que llegan al hospital, y por ello, la llave del control del gasto).

– Comunidad Valenciana. Bajo el diseño de gestión total de servicios sanitarios y no sanitarios de toda el área de salud (centros de salud y hospitales), la fórmula se extendió desde Alzira (1999) hasta los hospitales hermanos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, el último en abrir las puertas, en 2010. En estos momentos, los servicios públicos de salud del 20% de la población valenciana, en torno a un millón de habitantes, dependen de empresas privadas.

– Galicia. El Gobierno gallego ha optado por el modelo PFI para construir el macrohospital de 1.465 camas en Vigo. Consiste en encargar al sector privado la construcción del centro, el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones, así como ceder los servicios no sanitarios a cambio de una cuota anual.

– Baleares y Castilla y León. Ambas autonomías han recurrido a la fórmula PFI con matices. El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a la concesionaria la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y los servicios no médicos. El de Burgos, además, la alta tecnología.

Ocho razones contra el euro por receta

Salomé García escribía el pasado 1 de noviembre en ELDIARIO.ES sobre el enésimo hachazo al Sistema Público de Salud perpetrado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid: implantar el euro por receta.

1. Es una tasa que grava la enfermedad, es decir, obligado para quien lo necesita.

2. El acopio de medicamentos que dice perseguir esta medida no se resuelve castigando al comprador, pero puede mejorarse controlando al médico prescriptor y al fabricante.

3. Para las rentas medias (cada día más bajas) es demoledor, porque se suma al copago de junio y el medicamentazo de agosto, que ya incrementaron el coste de las medicinas.

4. Contradice abiertamente la política sanitaria prometida por el PP (el actual Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, anunció un recurso al Constitucional contra la implantación del euro por receta en Catalunya)

5. Rompe la cohesión del sistema nacional de salud, puesto que establece diferencias en el acceso a los medicamentos en función de la autonomía de residencia.

6. Entraña peligros para la salud pública: enfermos que no compran fármacos que evitarían el contagio de su enfermedad.

7. Es económicamente ineficaz. Su capacidad recaudatoria es de 83 millones de euros, apenas un 1,2% del presupuesto sanitario de Madrid.

8. Hay otros nichos de ahorro. Madrid tiene una de las presiones fiscales más bajas de España en su tramo autonómico y deja de recaudar, sólo por el impuesto de sucesiones (herencias), unos 2.000 millones de euros. Bonifica en el IRPF cosas tan pintorescas como los uniformes de los colegios (de pago) y dedica 37 millones de euros a concertar colegios ultrarreligiosos.

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